POR ANDRÉS RESILLAS//
Más de seis millones de pesos fueron robados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado al inicio de la presente administración a través de transferencias electrónicas, por lo que la Fiscalía presentó a una imputada y otros cuatro coimpuntados ante el Poder Judicial.
La mujer acusada, de iniciales M.E.B.H., asegura a través de sus abogados que es inocente y ayer en una audiencia intermedia oral pidió el sobreseimiento de la causa, sin embargo, la Fiscalía insiste en su acusación y ofreció un cúmulo de pruebas que se desahogarán si se llega a la etapa de juicio oral.
Fueron ocho las transferencias realizadas entre el 6 y 7 de noviembre del 2015, resultando un perjuicio para Pensiones Civiles por la cantidad de 6 millones 142 mil pesos. Una de las cuentas de la dependencia radicada en Banamex registró los retiros, así como los depósitos a diversas cuentas de particulares.
Si bien la imputada recibió su nombramiento el primero de noviembre del 2015 como directora de Planeación y Finanzas de la Dirección de Pensiones Civiles, sus abogados argumentan que fue hasta el 10 de noviembre cuando recibió las claves y la autorización para hacer transferencias y que presentarán las evidencias que lo acreditan.
Incluso afirman que el robo a Pensiones Civiles se trató de un hackeo cibernético y no responsabilidad de la ex funcionaria.
Sin embargo, la Fiscalía contradice esa versión y asegura que para el 6 y 7 de noviembre M.E.B.H. ya había sido dada de alta por Banamex para poder hacer transferencias de dinero electrónicas.
Incluso la Fiscal del caso mencionó que uno de los particulares que recibió el dinero a su cuenta, adquirió un automóvil nuevo con los recursos robados.
El juez de control no quiso avanzar en el proceso hasta que las partes concluyan la aportación de todas las pruebas; dijo que el incidente de sobreseimiento (archivo o suspensión de la causa) se analizará antes de pasar a la etapa intermedia del proceso.
Actualmente la acusada lleva su proceso en libertad y se ha presentado a todas las audiencias junto con sus tres defensores particulares.
Sin embargo, la duda queda en el aire. ¿Quién se robó los seis millones de pensiones civiles del Estado?