POR ANDRÉS RESILLAS//
Fueron alentadoras las cifras proporcionadas en su informe anual de actividades por el magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Marco Antonio Flores Negrete. Desde hace dos años el Poder Judicial ha sido sometido a un intenso trabajo de capacitación y de impartición de justicia bajo la nueva modalidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
El número de controversias resultas mediante la negociación y el acuerdo son la parte más positiva que observamos del informe. Lo que vino a resolver la enorme carga de trabajo que registraba el anterior modelo.
También el grado de transparencia con que se han manejado los jueces es sobresaliente.
Todos los jueces –y me atrevo a generalizar- han entendido la grave responsabilidad que cae sobre sus hombres al ser los responsables directos de impartir la justicia en una sociedad que sigue inmersa en la violencia criminal.
El grado de profesionalismo y capacitación puede variar, pero no drásticamente. Hemos presenciado algunas dudas al momento de tomar decisiones técnicas, pero han salido adelante.
La preservación de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas han sido privilegiados. Lo mismo con los acusados. Michoacán sigue demostrando que tiene un excelente nivel de abogados e impartidores de justicia.
Pero hay retos muy serios y peligrosos.
La delincuencia común –asaltos a casas habitación, peatones, comercios y riñas- están a la orden del día y como la mayoría de delitos bajo ese ámbito no son graves, los responsables alcanzan la libertad con facilidad.
A esos malhechores poco les importa estar vinculados a proceso y llevarlo en libertad. Vuelven a las mismas actividades y siguen siendo una pesadilla para la sociedad. Hay que hacer algo al respecto. Hay casos como en Villas del Pedregal donde los ladrones han sido detenidos y exhibidos públicamente en varias ocasiones.
Lo mismo pasa con los ladrones de autos y con aquellos que no se enmarquen en los delitos graves. Urge sacarlos de las calles; urge modificar la ley, pues los ciudadanos no ven resultados en este aspecto.
Los Fiscales están bajo una fuerte presión en los juicios orales. La Procuraduría de Justicia pretende demostrar a toda costa la culpabilidad de los sospechosos detenidos, pero en ese afán ha cometido graves errores. Los casos de la presa de Cointzio, los normalistas detenidos y el joven acusado injustamente de matar al padre de la diputada Rosa María de la Torre, son algunos.
Y nos preguntamos: Qué es más grave: ¿Culpar a un inocente de algo que no cometió? O ¿Dejar en libertad a un culpable? Es clara la disyuntiva, pero también muy grave para la sociedad.
Pero la violencia y los delitos están ahí, reproduciéndose. Una de sus consecuencias es el peligro real que corren las víctimas, jueces, fiscales, defensores y periodistas.
Personal de la Revista Búsqueda ya recibió amenazas de muerte por investigar el contexto en que se cometió un múltiple asesinato.
Una familia completa fue asesinada en Villa Madero porque vió quién secuestró al padre de familia y todos sus miembros estaban dispuestos a testificar en contra de uno de los responsables que estaba siendo juzgado.
Los jueces pueden ser objeto de venganzas de los sentenciados a través del crimen organizado. La figura del juez anónimo podría ser una solución, pero no se ha contemplado.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio está funcionando, pero falta mucho por hacer; el reto de impartir justicia a cabalidad no lo está logrando y la sociedad está inconforme. Hay que redoblar los esfuerzos.
Los medios de comunicación han ignorado cubrir los juicios orales, siguen conformándose con publicar la nota roja, sanguinaria, amarillista, sin contexto, alentando el morbo ciudadano; anteponen el mercantilismo a un periodismo de investigación, documentado y otorgando a las audiencias el contexto en que surge la violencia.