REDACCIÓN//
Ni amnistía, ni perdón, ni olvido. Memoria, verdad y justicia para los desaparecidos, los muertos y los presos políticos de las comunidades originarias. Nunca, jamás perdonaremos a nuestros opresores y verdugos. No olvidaremos el dolor y la indignación de nuestros ancestros.
Exigimos la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, La Ley Minera, la Reforma Energética, la Reforma Educativa, los Decretos que Privatizan el Agua y la Reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992.
Mantenemos el derecho histórico, jurídico y social a la libre autodeterminación, autonomía y autogobierno, pelearemos por la creación de Municipios Autónomos Indígenas sin partidos políticos, la creación de Consejos de Gobierno Comunal a través del presupuesto directo y el establecimiento de Regiones Autónomas por medio de Confederaciones de Autoridades Tradicionales.
Rechazamos categóricamente toda política pública indigenista, autoritaria, integracionista y clientelar. Como legitima expresión de nuestros derechos, demandaremos consultas libres, previas, informadas, culturalmente adecuadas y vinculatorias sobre todas las políticas públicas, administrativas o legislativas que nos afecten. Nunca más permitiremos que decidan por nosotros.
El idioma oficial en todas nuestras comunidades es el idioma materno o idioma originario, el castellano es la segunda lengua. La educación que se imparta en las comunidades originarias debe emanar de nosotros mismos, y servir para destruir la marginación, la discriminación, la desigualdad, las injusticias y la explotación que históricamente hemos padecido.
Rescribiremos nuestra propia historia, la historia oficial legitima el saqueo, la destrucción y el olvido de nuestras raíces y antepasados.
La autonomía de la mujer radica en ser tomadas en cuenta para las diversas decisiones que conciernen a toda la comunidad. Que se generen espacios productivos, recreativos y artísticos para las diferentes etapas de la vida.
La resolución de los problemas de las comunidades originarias, solo será realizable por la lucha de las propias comunidades originarias, llamamos a la unidad de acción y al combate colectivo en la defensa de nuestros derechos, cultura e historia.
Exigimos a los tribunales electorales que respeten la libre autodeterminación de las comunidades indígenas que en Asambleas Generales decidieron no permitir la instalación de casillas electorales, y al Estado mexicano le demandamos no reprimir y/o criminalizar a las comunidades que luchan por su autonomía sin los partidos políticos.
Requerimos la creación de tribunales indígenas agrarios que conozcan las cosmovisión y derechos de los pueblos originarios, que medien, propongan y solucionen los ancestrales conflictos agrarios.