Resumen: El mundo que conocemos desaparecerá en breve para dar lugar: 1.- a la sociedad de la información y del conocimiento, tecnológicamente avanzada, inclusiva, cuyo paradigma sea asegurar la máxima redistribución de recursos en el respeto de las libertades o; 2.-. una distopia totalitaria
Morelia, Mich. , 12 de agosto 2017.-El sistema de impartición de justicia en general (y, no solamente el de impartición de justicia penal) ha entrado en una terrible trayectoria de criminalización de los más débiles …y de paso, transformado la impartición de justicia en un asunto «de clase / identidad» en que el pasaje en los juzgados es un mero rally mediático, por ejemplo, para ex-gobernadores o para los integrantes del «mirreynato».
Desde luego, todo el mundo calla la identificación política (y la sumisión) del círculo cercano al poder con determinados intereses económicos. Desde luego, nadie quiere hablar de la ausencia (crítica) de movilidad social adaptada a la creciente y compleja creación de nuevas redes sociales, nuevos comportamientos, nuevas funciones y nuevas economías.
Hasta aquí, nada de sorprendente. Pero, lo que es preocupante, es que nadie coloca el debate en la cuestión fundamental: que el sistema de impartición de justicia penal está a ser usado como instrumento de contención y de represión en un momento de transformación de los modos de producción y, por ende, de suplantación de las) clase(s) detentoras de los medios de producción, de modificación de los ambientes de producción y de alteración de las relaciones laborales.
En la realidad, la crisis del sistema de impartición de justicia no es fruto de una «ruptura de principios», sí de una reacción, de la presencia de fuerzas de contrarreforma, que intentan usar todos los instrumentos (incluyendo uno de los más feroces y dotado de fuerza coercitiva, como es la justicia penal) para impedir el cambio del sistema general y la pérdida de control sobre la propiedad de los medios de producción.
Así, no es de sorprender, que los casos y las sentencias más relevantes del último año han sido sobre cuestiones de libertad de expresión versus propiedad intelectual, de interconexión y redes de telecomunicación, sobre la «tarifa cero», el derecho de réplica y la geolocalización, sobre matrimonio igualitario, barrigas de alquiler y mariguana medicinal y/o recreativa, sobre el empoderamiento de grupos indígenas, sobre eutanasia y sobre el acceso al derecho fundamental a la salud.
O sea, sobre cuestiones relacionadas con un cotidiano perneado por las nuevas tecnologías, con el cambio del sistema de producción y acumulación de la riqueza, sobre modificaciones sociales y empoderamiento de grupos identitarios, sobre cuestiones de la vida y de la muerte.
Estamos en un momento crítico de implementación de reformas, en un sistema que no acaba de re-inventarse y que tiene enormes dificultades en hacer desaparecer una subcultura con su larga trayectoria de desdén por el estado de derecho y por la importancia de una justicia transparente y equitativa para la supervivencia de la democracia.
Pero, lo que tomamos como un debate central y raíz de todos los males, es en la realidad un síntoma. Un síntoma de desajuste sistémico a un mundo en cambio. Un síntoma de enfermedad general por la resistencia a la integración de nuevos paradigmas y de transiciones impostergables en la era del Big Data, de la Inteligencia Artificial, del imperio de los algoritmos y de la multiplicación de opciones de vida enmarcadas en las libertades fundamentales.
Estamos en un Sistema a dos velocidades. Que no ha sabido cortar las naves con el pasado oligárquico de la «dictadura perfecta» y que no acaba de aterrizar en un presente /futuro dominado por algoritmos, por las nuevas tecnologías y, por ende, por la necesidad de nuevos equilibrios políticos que permitan una convivencia pacífica entre los diversos grupos identitarios.
Podrían ser los tribunales a hacer la diferencia en la transición política a la democracia avanzada y al futuro post humanista, pero desde los otros dos poderes se está haciendo todo lo posible por deslegitimar la supervisión judicial de antemano y, para bloquear reformas.
Tal coloca la cuestión de la centralidad (y del peso), de las instituciones, en el momento actual. Las instituciones son buenas en la medida en que lo es la gente que las integra.
El sistema de equilibrios entre los tres poderes de la república funciona en cuanto cada uno de ellos respeta la letra y el espíritu de la constitución y de los tratados en materia de derechos humanos. El regreso al autoritarismo, en la forma del presidencialismo mexicano) o peor, aún, la tentación de balcanización protagonizada por los poderes estatales y municipales) solo puede evitarse si la gente tiene el valor de rebelarse contra él.
¿Y quién es esa gente?
Pues el ciudadano corriente, común y normal. Usted, su vecino, el compañero de trabajo, la señora del mercado, el maestro de su hijo, la defensora de los animales, el verano y el que le gusta el T-bono, el campesino y el citadino.
Al final, me temo, va a depender de los ciudadanos, o de que haya bastantes mexicanos dispuestos a posicionarse públicamente. No podemos afrontar otra suspensión de las dudas sobre el futuro de la república laica, neutral, científica y moderna, sin arriesgar perder todo lo avanzado en materia de derechos humanos.
El mundo que conocemos desaparecerá en breve para dar lugar: 1.- a la sociedad de la información y del conocimiento, tecnológicamente avanzada, inclusiva, cuyo paradigma sea asegurar la máxima redistribución de recursos en el respeto de las libertades o; 2.-. una distopia totalitaria.
Si bien, a primera vista, se trata de un problema ético y tecnológico, en la realidad es un problema político y jurídico. Es una cuestión de opción civilizacional.