OPINIÓN. EL DERECHO A LA SALUD ES UN DERECHO FUNDAMENTAL. Por Teresa Da Cunha Lopes

El derecho a la salud es un derecho fundamental. Además, constitucionalizado. O sea, al igual  que cualquier otro derecho fundamental constitucionalmente recibido, el Estado  tiene  entonces  ante    el  derecho  a  la  protección  de  la  salud  y  de  su consagración  constitucional,  el  deber  de  respetar  el  acceso  individual  al  bien protegido.

Por tal debemos interpretar la afirmación anterior , como la obligación del Estado de no afectar la salud o las condiciones y capacidades de acceso específico de cada particular, así como la obligación para eliminar los obstáculos al libre acceso. Tiene, también el deber de proteger, contra agresiones o amenazas por parte de otros particulares  ( sistemas privados) o contra prestaciones deficientes en los  cuidados de la salud ( tanto en el sector privado como en el sector público ) , y un deber de promover las condiciones  óptimas  de  acceso . Por este último, entendemos la  mejora  de  las  posibilidades  existentes,  la creación de instituciones y servicios, garantizando obligaciones que, por sí mismos, los individuos no serían capaces de asegurar.

Sin embargo, si estos deberes de respetar, proteger y promover son deberes de carácter  genérico  que  se  desprenden  de  cualquier  norma  de  los  derechos fundamentales,  y relativamente  a  los  cuales    los  responsables  políticos  (los decisores) tienen en virtud de su relativa indeterminación, un margen significativo de elección política y definición de prioridades, por otro lado, hay otras obligaciones , específicamente  previstas  en  su  contenido  y  con  ámbitos  de  aplicación determinados  establecidos  en  la  Constitución, de las cuales no pueden huir .

Con respeto a lo último , debemos ser claros: la protección del derecho a la salud  sólo está adquirida cuando el acceso es universal y se hace a través de un sistema nacional de salud (SNS) . O sea, el  derecho  a  la protección  de  la  salud   debe , entre  otras acciones  , estar realizado  ( y lo vuelvo a reiterar) a través de un servicio nacional universal y general de salud , y de  apoyo  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  económicas  y  sociales  de  los ciudadanos y de los no ciudadanos residentes en territorio nacional.  En consecuencia ,  entendemos que el acceso a los servicios ( y el ejercicio real del derecho a la salud ) debe de ser “gratuito” o, tangencialmente gratuito. Por “ tangencialmente  gratuito” me refiero a que existe la posibilidad de aplicación de cuotas de recuperación , en determinados niveles de atención, y durante periodos de transición al establecimiento de un esquema adecuado de financiación, sin que el principio general de la gratuidad sea violado .

Así las cosas, habemos de observar que si bien existe un debate complejo a realizar sobre puntos controversiales, en particular de organización, de transversalid de acceso a subsistemas ya existentes, de financiación , la existencia del derecho fundamental y su constitucionalización no nos dejan otra vía que la de avanzar para un SNS.  Pero, en lo concreto , estamos todavía lejos de cumplir con esa obligación de acceso , y en la realidad concreta de Mexico , una mitad de la población se enfrenta a cobertura mínima o, a la ausencia total de cobertura.  Las cortes ( incluyendo la scjn ) no han soslayado el hecho político de que , si bien existe un derecho constitucional de acceso a los servicios de salud establecido en los textos Constitucionales  que obliga los Estados -Nación a implementar los “mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud”, en los hechos, políticamente el Estado  mexicano , hasta el momento, había optado por no introducir  un Sistema Nacional de Salud con cobertura universal y, por lo tanto existe una discriminación en el acceso  entre ricos y pobres y entre los que tienen derecho a los subsistemas de protección de determinados grupos y aquellos que están excluidos. Esta situación es insostenible y nos debe de indignar.

En consecuencia, las reformas propuestas por el Presidente contienen ( lo que me parece positivo y saludo ) la semilla de una respuesta a la obligación de proteger un derecho fundamental, introduciendo la necesaria voluntad política de consagrar la gratuidad, y de asegurar un acceso efectivo, real, a todos . En este sentido , pretenden con la eliminación del seguro popular y su transformación en Insabi conducir a la eliminación de una discrimación , que de momento, es real . Hasta aquí , no encuentro argumentos válidos para atacar la intención , o mejor, el paradigma que soporta dichas reformas . El problema reside en los detalles  .

Tal vez no comparto el escepticismo de  un ex -secretario de salud ,Salomón Chertoriwski  ,que esta mañana en su cuenta de Twitter afirmaba: “La certeza que daba el Seguro Popular, ha sido sustituida por una ilusión y una frase: salud universal sin financiamiento ni planeación. La crisis está a la vista.”  Pero, los antecedentes del último año de mal manejo, ineficiencia, falta de planeación  que han hecho implodir lo que estaba funcionando en el sector salud , y que han instalado una crisis que ha cobrado vidas humanas, colocado en el desespero a familias de grupos vulnerables , no son propicios a la construcción de una ciega confianza en la “ voluntad política “ . Es deber de cada uno de nosotros colocar cuestiones. Transmitir estas cuestiones a nuestros representantes electos, y exigir respuestas con datos de diagnóstico de la crisis , con cálculos reales y explicaciones sobre la manera como se va a financiar la transición y, sobretodo explicar a la población él como y donde accesar ( realmente) y ejercer plenamente su derecho fundamental a la salud.

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