OPINIÓN. LOS DESALMADOS. Por el Profr. Juan Pérez Medina (CUT-Michoacán)

En diciembre de 2018, el gobernador envió el presupuesto con ceros en la unidad presupuestal que debía contener los recursos económicos presupuestales para la Junta Local de Caminos (JLC). El Legislativo estatal, responsable de la aprobación del presupuesto, no hizo lo suficiente, ni lo necesario y, cual si fuera una omisión, dejó a esta paraestatal sin presupuesto. El gobernador, Silvano Aureoles, solicitó la extinción de la Dependencia y con ello a todos los trabajadores de la JLC sin salario y en la calle.
La JLC se creó en 1933 y se transformó en Organismo Descentralizado con patrimonio propio en 1989 por el congreso del estado, mediante el decreto legislativo 209, del 16 de marzo del año ya mencionado. A inicios de 2019, este organismo público descentralizado contaba con 16 funcionarios, 62 trabajadores de confianza y 300 empleados de base que desde el inicio del año han mantenido una férrea lucha en defensa de su fuente de trabajo sin lograr revertir tan grave situación.
Los trabajadores han resistido ya casi un año de fuertes presiones del gobierno estatal a pesar de las múltiples afectaciones familiares. Después de 4 meses sin salario, hay varios de ellos que están a punto de ser embargados por deudas no pagadas. Otros han tenido que dejar las viviendas que mantenían en renta ante la falta de recursos para pagar, mientras que las familias han dejado de recibir la atención médica por parte del ISSSTE. La educación de los hijos también se ha visto seriamente afectada pues hasta para garantizar el pago del traslado hay quien se ha visto imposibilitados; no se diga en cuanto al pago de colegiaturas, materiales y uniformes.
El pasado martes, el gobernador, antes de que el congreso definiera ratificar el decreto y echara por tierra la extinción como era la intención que se cocinaba en la comisión de gobernación del congreso, decidió hacer él mismo el decreto que correspondía al legislativo y con ello, acabó con llevar al extremo el conflicto, ya que el congreso tiene ahora que negar el decreto o aceptar avanzar hacia su concreción. De esta manera el gobierno patentiza su determinación de dejar sin empleo a todos los trabajadores de la JLC al más puro estilo de Felipe Calderón, cuando ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro dejando a miles sin empleo. Con ello, el gobierno de Silvano aureoles ratifica su pertenencia a la estirpe de los gobiernos neoliberales, que basan sus expectativas de éxito en la degradación social y humana.
Para ellos la administración del estado se sustenta en la capacidad para responder a los intereses del mercado y, en el caso de las estructuras del gobierno, en la capacidad para adelgazarlas. En el fondo de la ecuación del gobierno estatal está la idea de deshacerse de un organismo que no responde a las pretensiones de hacer negocios privados por encima del interés social.
A cada paso del gobierno de Silvano demuestra su carácter antisocial e inhumano. En 2016 anunció con bombo y platillo la entrega de mil tractores a igual número de campesinos de la entidad. Este compromiso se sellaba con el subsidio de 100 mil pesos por tractor, dejando a los campesinos beneficiarios el pago de los restantes 200 mil. El problema es que muchos de los campesinos, haciendo un sacrificio, incluso pidiendo prestado, pagaron su parte y recibieron su tractor; pero tiempo después les fue requerido el adeudo restante que le correspondía al gobernador y que no pagó. Así corrió el tiempo hasta que los tractores comenzaron a ser recogidos por el vendedor, dejando a los campesinos sin el tractor, perdiendo lo ya entregado, debiendo lo conseguido para pagar su parte y ahora, debiendo lo que se adeuda por incumplimiento del gobernador. Por eso es que, desde el lunes 25 de noviembre, varios campesinos decidieron hacer plantón frente a las oficinas de SEDRUA, obligando a cerrarlas y así han permanecido hasta hoy, ante la respuesta de que no hay dinero en el gobierno para pagar sus compromisos. Parece que allí seguirán hasta que se les acabe la resistencia, ya que el gobierno, como en muchos casos seguirá sin pagar sus adeudos al parecer.
Aquí queda de manifiesto la forma tan desaseada de actuar de un gobierno sin idea para atender los problemas de la entidad, pero que lo hace bien a la hora de hacerlo con sus propios asuntos. Se dice que el gobernador junto con sus hermanos ha hecho enormes fortunas al amparo del poder público y, cuando el río suena es que agua lleva.
Todo esto ocurre en un contexto propicio en donde la inexistencia de una sociedad organizada y responsable se manifieste. La debilidad organizativa y política de la sociedad hace caldo de cultivo para que quienes nos gobiernen se vuelvan perversos y desalmados. Donde la sociedad no se muestra actuante y protagónica, los gobernantes hacen y deshacen a su antojo como ocurre en la entidad. Es hora de ponerle un alto a estas circunstancias. No puede ser que en la bajeza más enorme un diputado cobre 5 millones por votar como el gobernador le ha indicado. Con un gobierno así y con un congreso bajo estas condiciones, sólo la organización más amplia podrá cambiar las cosas.
La extinción de la JLC y las permanentes vejaciones que sufren los trabajadores solo podrán ser impedidas si la sociedad se organiza y actúa. Y eso es lo que hay que hacer: ¡organizarnos!

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