La democracia es una palabra tan socorrida y tan ausente que a veces creo que es una utopía, un sueño. La democracia se convoca casi siempre para justificar su ausencia. Si hablamos de la democracia en el mundo, sabemos que depende del poder imperial del capital y sus órganos de poder: Pentágono, OTAN, CIA, BM, OCDE, Consejo de Seguridad de la ONU, TIAR, BID, etc; que impone al mundo sus intereses y define para los excluidos las políticas de subsistencia y de guerra. Sus acuerdos son ley para nuestras naciones y para nuestros pueblos. Los padecemos como una humillación y como el más grande de nuestro calvario; o en palabras de los yanquis: como “destino manifiesto”.
Los gobiernos de casi todos nuestros países, con contadas excepciones como Cuba, atienden puntualmente con sus determinaciones sin importar el costo que tengan para nuestra felicidad y supervivencia. Desregulan nuestras leyes para permitir que ellos vengan por nuestros recursos, por nuestra mano de obra afectando nuestro entorno, nuestro habitad y saqueando nuestros bienes y riquezas que van a parar en una sangría permanente, abundante e inmoral, a las arcas de los grandes monopolios, sobre todo gringos. Si a un pueblo se le ocurre ejercer su soberanía, van y lo aplastan o al menos lo tratan de aplastar a sangre y fuego si es necesario, como ocurre hoy con Venezuela, Siria e Irán.
Aquí existen voces enteradas y aquellas voces del pueblo que como buenos sabuesos intuyen concluyentes que el gobierno nuestro es decidido en la Casa Blanca. Que allá está el gran elector. Y cuando ocurre que se les pasa por el ojo de la aguja la voluntad popular de alguno de nuestros pueblos, entonces trabajan para someter esa osadía, como ocurrió en Chile en 1973 con el gobierno de Salvador Allende. La consigna suprema es en este ámbito desde el imperio: “la paz que yo te ofrezco o la guerra que tú te impones”.
En el país, la democracia ha sido una utopía. El país estaba ausente de ella. No la había en el gobierno, en los sindicatos, en las organizaciones campesinas. Si ésta existía era apenas incipiente. Se muestra en la profundidad de nuestras comunidades y algunas de nuestras organizaciones populares que con cierto nivel de autonomía toman determinaciones a través de mecanismos propios. Estos esfuerzos invisibilizados ante la acción del estado, mediante el acotamiento de una regulación jurídica occidentalizada, incluido el uso de la fuerza, que se impone en la generalidad y somete a estas fuerzas.
El control del estado sobre sus ciudadanos se ejerce desde la alta burguesía a través del parlamento con la emisión de leyes ad hoc, que se ejecutan por jueces y tribunales y con el uso de la fuerza del estado en nombre de la paz y el desarrollo y, a veces del bienestar. El “ejercicio de la democracia” se supedita a la vía electoral que siempre está bajo cálculo de los poderosos. En este sistema, el pueblo está ausente y sujeto a una partidocracia que cada proceso lo somete a las mismas dádivas y a las mismas promesas incumplidas. La fuerza del sistema electoral está en quien lo promueve y justifica. Para sostenerlo se utilizan los propios recursos del pueblo y son enormes.
En México, el sistema electoral se traga miles de millones en cada periodo electoral y otorga a los partidos políticos de manera permanente recursos abundantes para sus actividades políticas. Este sistema tan caro se ha convertido en un supra poder que es expresión de la ausencia de democracia.
En el mundo de la política electoral el voto se induce de diversas maneras, por eso es que a cada elección que pasa los votantes acuden menos a las urnas. Los ciudadanos intuyen que van solamente a convalidar al sistema electoral y sus partidos y que nada de lo comprometido se cumple y les beneficia.
Como parte del mercado, el sistema electoral es muy esperado y disputado por aquellos que obtienen ganancias de él. Los medios de comunicación, las empresas generadoras de imagen y de estrategias de campaña, los comerciantes de gorras, playeras, llaveros, mandiles y despensas esperan ávidos el calendario electoral. Quién más dinero gasta generalmente más posibilidades tiene de imponerse en el escenario electoral y, aunque existen topes de campaña, éstos acaban burlados por los candidatos con la complicidad de las instancias legales de garantizar equidad y limpieza en el proceso.
En el marco de la construcción de la Cuarta Transformación de México y con el fin de contribuir con los objetivos que se han planteado el gobierno debe avanzar hacia el ejercicio de la democracia verdadera. Los instrumentos para el ejercicio público de la voluntad ciudadana libre y protagónica es indispensable ponerlos en acción. Los asuntos sobre el territorio y el destino de los recursos naturales de los pueblos deben pasar por la consulta soberana de sus habitantes, de la misma manera que los grandes proyectos nacionales. El uso del referéndum, la iniciativa ficta, la consulta ciudadana y la revocación de mandato son instrumentos que deben ser de manera urgente reglamentados para su uso cotidiano. En nuestro país debemos avanzar más hacia elecciones en donde se vote por asuntos de interés general y no solamente por candidatos a cargos públicos. Los ciudadanos deben decidir sobre el destino de sus dineros y sobre los asuntos de alto impacto, sobre todo ambiental. Basta ya de entregar cheques en blanco a los políticos que nos gobiernan. Hay que ayudarlos a tomar buenas decisiones.
Por otra parte, el sistema electoral debe ser modificado con el fin de brindar garantías a los ciudadanos del ejercicio libre del sentido de su voto. Acabar con la partidocracia es una necesidad imperante que cada día se vuelve más evidente. Los ciudadanos creen menos en los partidos y en sus candidatos. Los electos, con la salvedad del actual presidente, son cada vez menos legítimos. Las elecciones llevadas a cabo después del primero de julio en algunas entidades del país, dan cuenta del hartazgo que los ciudadanos tienen en torno al sistema de partidos existente. Para cambiar esta situación, los partidos deben ser acotados en el uso de recursos públicos y exigir que porten hacia el sostenimiento de sus militantes. No es obligación de los mexicanos el sostenimiento de aparatos de interés público que se forman por voluntad de sus militantes. Si esto se hace sólo se mantendrán los partidos verdaderos y no aquellos que sirven para justificar el sistema electoral y los intereses de la clase política.