A principios de esta década las denuncias ciudadanas y las investigaciones periodísticas ponían al descubierto la presencia y control de la delincuencia organizada en el negocio de los aguacates, producción y comercialización. En aquellos oscuros y trágicos días, los criminales agrupados en torno a los «Caballeros Templarios», se enseñoreaban en la mayoría de las actividades económicas del estado, a las que habían llegado a través de la extorsión, la amenaza, el asesinato y el secuestro, para terminar tomando el control de múltiples empresas. La aguacatera fue uno de sus objetivos más codiciados por la extraordinaria rentabilidad y porque les permitía un control territorial muy eficaz.
La batida del gobierno mexicano contra este grupo criminal a partir del 15 de enero de 2014 concluyó con la desarticulación de células de este grupo y la muerte o el encarcelamiento de algunos de sus líderes. Sin embargo, y como entonces lo dijimos, no ocurrió lo mismo con todo su sistema de negocios y financiamiento.
Los capitales del narco, en gran media, quedaron a salvo y sigilosamente fueron encontrando los espacios para alojarse y lavarse del pecado criminal. Algunos de estos capitales se refugiaron en la producción y la comercialización aguacatera. De ello han dado cuenta las continuas denuncias ciudadanas que refieren la llegada de grandes capitales que con amenazas «compran» predios forestales y reservas de agua para talar y construir plantaciones con infraestructura de alto costo. En todos estos casos el origen de los capitales se escuda en prestanombres y en la presencia de mayordomos que realizan su función con singular agresividad más allá de la legalidad.
Al no desmontar el poder financiero del narco, la política de seguridad, en aquel entonces bajo la responsabilidad del presidente Peña Nieto y con la operación del cuasi virrey Alfredo Castillo, cometió un error que debe pagar ahora la sociedad y la economía michoacana con la emergencia recurrente de células criminales y la pelea sanguinaria entre los fragmentos del grupo templario, que abastecidos por un poder financiero extraordinario tratan de retomar las nefastas y dantescas glorias del control total sobre Michoacán.
El informe que la semana pasada dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que refiere la presunta vinculación de productores y comercializadores de aguacate michoacanos con el narco, confirman lo que sotto voce ya se conocía. Santiago Nieto, titular de dicha unidad, ha dado a conocer que se han identificado actividades de lavado de dinero y que se cuenta con la friolera de 550 quejas al respecto. En sus precisiones ha señalado al cartel «Jalisco nueva generación» y «los viagras» como entidades activas en el manejo financiero de la producción aguacatera. Y no es cualquier cantidad la que los delincuentes ya han lavado a nivel nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera refiere que han sido alrededor de 50 mil millones de pesos al año. De esa cantidad le corresponden a Michoacán no menos del 80 % si se considera el volumen de la producción generada en el estado, es decir, 40 mil millones de pesos.
Investigaciones periodísticas de medios estatales, nacionales e internacionales, han documentado la presencia del narco en regiones aguacateras específicas de Michoacán, pero hasta ahora muy poco se ha hecho para ponerlos al descubierto y para limpiar este sector por parte de los gobiernos. La percepción crítica que tienen en naciones europeas y en el mercado estadounidense en torno a la presencia de aguacate manchado de sangre y de agudo dolor por el secuestro y la extorsión, no ha sido todavía suficiente para frenar el flujo de este fruto y para exigirle al gobierno mexicano la aplicación de mecanismos que garanticen sólo la circulación de aguacate limpio de crimen y proveniente de plantaciones amigables con el medio ambiente.
La actuación de los capitales del narco son particularmente agresivos en sus estrategias de compra de tierras, deforestación, plantación, acaparamiento de aguas, eliminación de fauna local, uso de plaguicidas ecocidas, salarios de los empleados, relación con los pueblos circundantes y cabildeo con los poderes políticos. Al saludable y muy necesario trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera le deber seguir el de otras instituciones federales, estatales y municipales, para desmontar todo el poder que se agrupa en torno a estos personajes que pueden lavar anualmente 50 mil millones de dólares y que representan uno de los mayores riesgos para el medio ambiente porque su estrategia opera arrasando bosques, aguas y fauna de Michoacán.
Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera deben continuar hasta identificar todas las ramificaciones del poder financiero del narco en el sector aguacatero. Nombres, capitales, huertas y comercializadoras incluidas deben conocerse. Hacerlo nos atraería grandes beneficios sociales como la paz pública, el mejoramiento de la imagen internacional del negocio aguacatero y la certidumbre en la conservación de nuestros recursos naturales.