OPINIÓN: LA ORGANIZACIÓN DE LOS ACREEDORES DEL GOBIERNO. POR Juan Pérez Medina (CUT-Michoacán).

Los gobiernos neoliberales federales y locales que nos han gobernado, han acabado limitando los recursos públicos destinados para la creación de empleos y el pago de salarios y prestaciones de trabajadores, por vía del abuso, de la dilapidación, de la transferencia de capitales (vía pago de la deuda) y, sobre todo, por medio de la corrupción.

Durante los últimos 17 años la deuda pública de la entidad creció de 354 millones a 21 mil millones de pesos a un interés de 7.2; es decir, que se paga anualmente más de mil quinientos millones de pesos, los cuales servirán para pagar fácilmente los cerca de 600 millones de pesos en deuda que tiene el gobierno de Silvano con los trabajadores.

Esto nos ha costado la irresponsabilidad neoliberal de los gobernantes en turno. Súmese a ello los costos de las cuotas a los criminales organizados que no sólo operan impunemente, sino que además deciden en gran medida qué se hace y se quedan con parte de los recursos públicos destinados a los trabajadores y sus familias.

Poco a poco los recursos para el mundo del trabajo se han ido disminuyendo en términos reales y han generado serios problemas de inestabilidad laboral y salarial. El gobierno de Michoacán ha erigido una política de desprecio, indolencia y represión en donde cada día que pasa menos importa si los trabajadores cobran su salario y prestaciones, afectando con ello la vida de miles de familias.

Esta situación que se viene arrastrando desde hace por lo menos 10 años se agrava cotidianamente en todos los sectores de trabajadores dependientes del gobierno estatal. Incluidos un numeroso grupo de proveedores privados.

Los afectados son decenas de miles, nada más en el sector educativo hay más de 30 mil, súmese a ellos los que están en el sector salud, de la administración estatal, el poder judicial, el sector campesino y pesquero, etc.

Esta insolvencia del gobierno no es porque los trabajadores la hayan creado; recuérdese que han sido los salarios y las prestaciones de ley las que se han visto afectadas de manera fundamental en los años de neoliberalismo. Día a día el salario no alcanza y se reduce más; día a día los servicios de salud que se ofertan son más deficitarios y las pensiones pierden su valor en las afores.

El gobierno estatal está insolvente porque no hay institución que resista los miles de negocios que se realizan diariamente al amparo de una legalidad instituida para el saqueo y el hurto. El dinero público está hecho para que sea repartido entre la jauría de funcionarios y la cúpula empresarial que toma las principales determinaciones en materia económica y política.

Mientras que se reducen los recursos para pagar los salarios, aumentan los negocios que al amparo de sus facultades realizan quienes nos gobiernan y sus familias. Si no supiéramos de los despilfarros y bienes que detentan en Michoacán el gobernador y sus hermanos, no nos atreveríamos a afirmar lo que decimos.

Es increíble que existan trabajadores a los cuales no les pagan desde hace más de 2 años y que incluso, existan familiares de trabajadores fallecidos que aún no reciben el pago de gastos

funerarios, que son un derecho y están establecidos por la ley, y que se obtienen del ahorro por años del trabajador y que debería estar a su disposición en su fondo pensionario.

Es hora de hacer algo más allá de lo que se ha venido haciendo como la permanente toma de las áreas de finanzas estatales o de las vías del tren; en la presente coyuntura debería actuarse de manera inteligente y coordinada para hacer posible que se paguen todos los adeudos a los trabajadores y que esto no vuelva a repetirse

Por eso considero que es momento de aprovechar las actuales circunstancias para lograr que los nuevos representantes populares realicen las gestiones necesarias para incluir en el presupuesto de egresos 2019 una partida específica que tenga está finalidad; además, de presionar al recién electo congreso local, para que realice las modificaciones necesarias para garantizar que ya no se realicen gastos innecesarios y se establezca una gestión pública austera, que garantice ahorros extraordinarios y, junto a todo esto, que establezca en esta nueva presupuestación los candados que impidan el uso discrecional de los recursos por parte del ejecutivo.

Lo anterior pasa porque los acreedores del gobierno, victimas del rezago, se organizasen integrando un frente estatal que les permita actuar juntos y exigir de la mano, como no se ha hecho que el gobierno cumpla pagándoles su dinero. Toca a las organizaciones sindicales y sociales, incluidos los particulares acercarse mutuamente y asumir esta necesidad imperiosa que se ofrece en esta coyuntura. No se votó por nada. Es hora de empezar a exigir que las cosas que nos agravian se comiencen a resolver

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Pin It on Pinterest